El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, surge de los lineamientos centrales trazados por de Pedro para acercar la gestión nacional a las provincias y ponerle fin a las grandes inequidades a través de políticas públicas que resuelvan las problemáticas y potencien a las diversas regiones del país. El ministro del Interior celebró la aprobación definitiva del proyecto y afirmó: «Queremos construir un país realmente federal, con igualdad de oportunidades y equidad territorial. Esta iniciativa, compromiso asumido por el presidente, es el puntapié para lograrlo». La agenda de una Argentina federal fue un compromiso de campaña del presidente Alberto Fernández que tuvo su primer hito en agosto de 2019, cuando el entonces candidato presidencial del Frente de Todos, firmó en la ciudad de Rosario un acta acuerdo con 14 gobernadores. En ese pacto, se establecía fortalecer las políticas de descentralizados de la administración pública nacional y potenciar a las economías regionales a través de un Compromiso Federal entre la Nación y las provincias. Ese acuerdo fue el paso inicial para designar como capitales alternas a La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis. También figuran en el proyecto Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán). El proyecto de Capitales Alternas está acompañado por una serie de iniciativas para fortalecer la presencia del Estado nacional en las 24 provincias. Una de ellas es la creación de un Gabinete Federal que sesionará, una vez que estén dadas las condiciones sanitarias, rotativamente en cada una de las Capitales Alternas, de manera de hacer más efectiva la articulación entre la Nación y las provincias. En esa línea, la iniciativa del Ministerio del Interior busca que organismo de la administración pública nacional vinculados con las economías regionales, la producción o la ciencia y tecnología, sean relocalizados en las provincias vinculadas a su función específica.