El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó un detallado requerimiento de instrucción ante la Justicia, acusando a tres secretarios judiciales –Javier Pastore, Agustín Blanco y Vanesa Bottegoni– de diversos delitos que incluyen falsedad documental, uso de documento falso y coacciones.

Según Sabadini, estos funcionarios habrían "inventado" un sumario administrativo "por orden" del juez Ricardo Mianovich, titular del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, con el propósito de perjudicar a otros empleados del juzgado y consolidar una estructura de control que limitara la independencia de los empleados de la Secretaría Penal.

El fiscal señaló que las irregularidades denunciadas forman parte de una serie de acciones de abuso de autoridad y hostigamiento dentro del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, especialmente hacia los empleados de la Secretaría Penal. Estos episodios habrían incluido prácticas de maltrato, hostigamiento y manipulación de documentos, configurando un patrón de violencia laboral y discriminación de género.

Según el requerimiento, Pastore y Blanco, junto con el apoyo de Bottegoni, habrían aprovechado su posición para orquestar acciones de represalia contra aquellos empleados que, en el marco de una investigación previa, declararon contra el ex conjuez federal Miguel Aranda, quien está acusado de delitos graves, tales como asociación ilícita, tráfico de influencias y concusión agravada, entre otros.

La denuncia señala que las represalias se intensificaron hacia las empleadas mujeres, especialmente aquellas con responsabilidades familiares, a quienes se les habría restringido o cuestionado la posibilidad de ausentarse para atender a sus hijos.

TESTIMONIOS SOBRE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En la presentación, se incluyeron testimonios de empleados que describen cómo se les habría obligado a trabajar hasta altas horas de la noche –a veces hasta las 22:00– y a firmar registros de entrada y salida que no eran requeridos en otras secretarías. Esta situación, que -según Sabadini- persistió hasta la intervención del Sindicato de Empleados Judiciales, afectó a varios empleados, especialmente mujeres, quienes también describieron episodios de abuso verbal, humillaciones y trato discriminatorio.

Uno de los testimonios más impactantes menciona que Pastore buscaba crear conflictos entre los empleados de la Secretaría Penal, incitando divisiones internas. Además - según el requerimiento - habría realizado investigaciones informales sobre el patrimonio y las amistades de algunos empleados, lo cual generó un ambiente de intimidación.

 "MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS Y CREACIÓN DE UN SUMARIO"

La denuncia describe la creación de un "sumario administrativo" irregular, con la participación de Pastore, Blanco y Bottegoni, el cual habría sido diseñado con la intención de incriminar a dos funcionarios específicos: Carlos Opat y Hemilce Núñez Sánchez. Según el fiscal, la apertura del sumario fue ordenada sin brindarles a los acusados la posibilidad de defenderse o presentar pruebas, una acción que Sabadini califica como una coacción y represalia por sus declaraciones en la causa de Aranda.

Entre las pruebas presentadas, se menciona la manipulación de fechas y documentos para involucrar a los acusados en hechos inexistentes. Este sumario fue gestado, según Sabadini, con el único objetivo de desplazar a ciertos empleados de sus puestos y facilitar la ocupación de esos cargos por personal "afín" a Pastore y Blanco.

MENCIÓN A LA CÁMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

El fiscal también habló del "papel que desempeñó la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia" en la designación de Miguel Aranda como conjuez y luego de Mianovich como subrogante. Tomando la declaración de algunos empleados, Sabadini también apuntó contra la jueza Rocío Alcalá, miembro de la Cámara, quien -señaló- habría expresado públicamente su apoyo a Mianovich y Pastore, lo cual generó un clima de temor entre el personal de la Secretaría Penal y limitó la posibilidad de denunciar los abusos ante la justicia.

En un fragmento de su extensa presentación, Sabadini asegura: "La jueza Alcalá tuvo una reunión con la mayoría de los empleados, algunas de ellas mujeres, y pudo informarse de lo ocurrido en los últimos años en dicha secretaría penal. Que entre las respuestas de la magistrada la misma destacó desconocer todo lo ocurrido, cuestionando a los mismos empleados la omisión de anoticiarla debidamente, es decir, echando la culpa a las víctimas".

"UN AMBIENTE LABORAL HOSTIL Y PERSECUTORIO"

Además de los testimonios de abuso verbal y discriminación, el documento revela la existencia de una "oficina VIP" dentro del juzgado, controlada por Pastore, desde la cual supervisaba y dividía el trabajo de los empleados de la Secretaría Penal. El fiscal sostiene que esta división fue utilizada para encontrar "material incriminatorio" en contra de los empleados que Pastore y Blanco consideraban indeseables.

Mencionó también supuestos episodios de manipulación de documentos, el uso de insultos y desprecios hacia empleadas con menores ingresos o con vehículos modestos, y la constante presión laboral fuera del horario oficial. "Todo esto generó un ambiente hostil que afectó el bienestar físico y mental de los trabajadores de la Secretaría Penal, particularmente de las mujeres", plateó.

La presentación de Sabadini fue elevada a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Ministerio de Justicia de la Nación.