>La Municipalidad de Villa Allende implementará a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias tras la autorización judicial que avala una política sin antecedentes previos en la provincia de Córdoba. Este cierre se enmarca en el “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, una estrategia respaldada por la ordenanza 14/25, como respuesta al persistente aumento de hechos delictivos en el municipio donde, según datos oficiales, el 60% de los robos se registran durante la noche.

El intendente Pablo Cornet explicó al diario La Voz que la medida no responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la inseguridad. También señaló que el plan inicial contempla la instalación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con cierre de 22 a 6 horas y apertura a cargo del personal municipal. Basados en los resultados, las autoridades evaluarán su extensión a otras zonas: La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro, con nueve cierres proyectados; San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, con doce accesos a restringir.

Cornet, quien fue víctima de un robo reciente en su domicilio, advirtió sobre la lentitud de los procesos judiciales, afirmando que esta demora “atenta contra la seguridad”. Y sentenció: “En mi caso sé quiénes robaron. Denuncié el sábado (27 de diciembre), pero los allanamientos los hicieron recién el martes (30 de diciembre)”.

Los vecinos que presentaron el amparo colectivo argumentan que la medida restringe derechos fundamentales como la libre circulación, la igualdad ante la ley y la no discriminación. A su vez, sostuvieron que las calles públicas son patrimonio estatal cuya función solo puede modificarse por legislación nacional, y criticaron la ausencia de estudios técnicos o científicos que respalden la eficacia del cierre. Además, señalaron que el mecanismo original del Registro de Oposición excluía injustamente a inquilinos y otros residentes, aunque la Municipalidad respondió incorporando, tras un decreto reglamentario, a quienes acrediten una residencia legítima.

La Justicia distribuyó las costas por el orden causado ante la originalidad y complejidad del caso, e indicó que la medida no afecta la libre circulación por tratarse de una restricción parcial y fundada en una situación de emergencia demostrada. Frente a esto, los demandantes resolvieron apelar el fallo, con lo que la controversia judicial permanece abierta.