>El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquier persona que participe o colabore en las protestas en Irán será considerada “enemigo de Dios”, un delito que la legislación iraní castiga con la pena de muerte. La amenaza fue difundida por la televisión estatal en medio de una intensificación de la represión y el aislamiento informativo, tras casi dos semanas de movilizaciones multitudinarias en todo el país.

Azad afirmó que los fiscales deben “preparar rápidamente el terreno para el juicio y una confrontación decisiva” contra quienes, a su juicio, traicionan a la nación y buscan “la dominación extranjera sobre el país”. Exigió que los procesos judiciales se lleven a cabo “sin indulgencia, compasión ni clemencia”.

El incremento de la violencia no se ha traducido en una disminución de las manifestaciones. Iran Human Rights documentó al menos 51 víctimas mortales, entre ellas nueve menores de edad, mientras que HRANA elevó la cifra a 65. Las protestas se han extendido a barrios de Teherán, como Sadatabad, y a ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom, Shiraz y Bandar Abbas. La televisión estatal ha mostrado funerales de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos durante los enfrentamientos, en un intento de afirmar el control gubernamental sobre la situación.

Organizaciones como Amnistía Internacional y HRANA denuncian detenciones masivas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. La Unión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, expresó “pleno respaldo” a las demandas de libertad de la ciudadanía iraní y condenó enérgicamente la represión. Von der Leyen pidió la liberación inmediata de los detenidos y el respeto de los derechos fundamentales. Otras voces europeas, como la alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas, calificaron la respuesta oficial como “inaceptable”. Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, manifestó el apoyo de Estados Unidos al pueblo iraní.