>La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, inició este lunes el análisis de la acusación contra Myanmar (Birmania) por supuesta violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio debido a su “patrón de conducta” hacia la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakáin. El proceso, que se extenderá hasta el 29 de enero con audiencias públicas y sesiones a puerta cerrada, busca determinar si las autoridades birmanas actuaron con “intención de destruir” a este grupo, como sostiene la denuncia presentada por Gambia en 2019.

El núcleo del caso está en las operaciones militares realizadas en 2016 y 2017, que provocaron la huida masiva de la población rohinyá. Las autoridades birmanas sostienen que estas acciones tenían como objetivo combatir a grupos armados o terroristas, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian una campaña de limpieza étnica en este país de mayoría budista. Según conclusiones de la ONU en 2018, existen indicios de “actos genocidas” y crímenes de lesa humanidad, lo que llevó a más de 700.000 personas a refugiarse en Bangladés, donde permanecen en condiciones precarias. Myanmar rechaza las acusaciones de genocidio.

La demanda de Gambia ante la CIJ cuenta con el apoyo formal de otros once países y con el respaldo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). El tratado internacional considera el genocidio un crimen de interés internacional, cuya persecución no depende de que un Estado esté directamente afectado, lo que permitió a Gambia asumir la causa.