El gobernador de la San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció hoy una serie de medidas consensuadas con el Consejo Económico Social de la provincia para mitigar "los efectos de la crisis económica social sobre los sectores más vulnerables de la población", en atención de la emergencia alimentaria vigente y la situación inestable del empleo.
Sobre la base de esos dos grandes temas, se incorporaron otros que surgieron de las reuniones multisectoriales celebradas en las últimas semanas en la provincia, como la revisión de tarifas eléctricas, corrupción en juicios laborales y soluciones para los nombramientos docentes.
Respecto de la emergencia alimentaria, el gobernador anunció la apertura de comedores en las escuelas públicas provinciales, a través de directivos y docentes que "deseen colaborar" para atender la carencia alimentaria de chicos y adolescentes, jubilados, desocupados, indigentes, madres solteras, y a todo "vecino" de la ciudad que lo requiera.
La invitación a llevar adelante la tarea "solidaria" fue extendida a centros de jubilados, cultos, gremios, secretaria de la Mujer y ONG, que participan del Consejo y están en condiciones de "identificar" las carencias.
Anunció también, una red de contingencia que visibilice y erradique la indigencia en la provincia; una canasta básica que proveerá el gobierno y será comercializada en $ 800 para particulares y $700 para comerciantes, de manera de evitar dañar la actividad económica del sector y llegar a todo el territorio provincial.
El anticipo de los aumentos otorgados a la Administración Pública Provincial en febrero último que se podrán percibir desde octubre por planilla complementaria y completan el aumento del 40 % anunciado; el aumento al plan social "pañuelos solidarios" que pasará a cobrar $ 12.000 y las becas 22AG, $ 4000, también formaron parte del anuncio.
