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10 de septiembre de 2020

Toma de terrenos| Miguel Fonteina: «La usurpación es un delito y quienes incurren en él deben responder»

El procurador adjunto aclaró que «la usurpación es un delito y quienes incurren en él deben responder». «En el camino de revertir esas tomas, el trabajo que hace la Justicia es más amplio, pero este tipo de accionar se replican día a día y muchas veces son parte de una estrategia política o dirigentes que van a buscar una respuesta ya de situaciones que el Gobierno intenta resolver pero requiere otros tiempos», afirmó.

El procurador general adjunto, Miguel Fonteina, repasó las conclusiones de la reunión mantenida entre autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y representantes de las fuerzas de seguridad, en el que se conformó una mesa que tiene como objetivo delinear las acciones para contrarrestar las principales problemáticas del contexto actual, con casos de contagio de COVID-19 en aumento. «Es una convocatoria en la cual el gobernador (Jorge Capitanich) se explayó con un claridad muy profunda sobre lo que nos está pasando a los chaqueños», sostuvo el procurador.

En ese marco, expuso que «estamos en una situación realmente crítica, esto hay que destacarlo en todos lados, por el incremento de los contagios a pesar del esfuerzo por buscar las soluciones». «Se ha evidenciado que actividades como las fiestas clandestinas y las movilizaciones son focos de transmisión; pero también se abordó la problemática de las usurpaciones que es un tema que preocupa», expresó.

Líneas de acción

Lo que se dispuso en la mesa de trabajo es la necesidad de establecer normativa de trabajo y de gestión, pero también «aplicar de manera contundente» las disposiciones legales a aquellos que infringen la normativa vigente respecto a la pandemia. «Las reuniones de gran concurrencia como las fiestas están prohibidas, por consiguiente, serán controladas de manera rigurosa: tenemos un área de delitos tecnológicos y vamos utilizar todos los recursos para aplicar la norma», advirtió. En ese marco, planteó que «no hay ningún tipo de venia ni autorización ni permiso que valga para este tipo de fiestas».

A partir de la reunión del lunes, la policía que advierta que se está desarrollando un evento como son las fiestas clandestinas tendrá todo el apoyo para desarticularla, y a los participantes se le aplicarán las sanciones previstas en el artículo 205 del Código Penal.

Movilizaciones

Otro de los ejes a trabajar por las autoridades provinciales es el abordaje de las movilizaciones que han retomado el vigor en las calles desde el inicio del proceso de la desescalada de la cuarentena. «Se han agudizado estas manifestaciones en la provincia y la ciudad, donde a pesar de los modos y las articulaciones que tiene el Gobierno para darle respuesta a los movimientos sociales, vemos que estos se multiplican todos los días», explicó.

El Gobierno ha confeccionado una lista con los referentes de estos espacios, y a partir de ahora la decisión de la Procuración General es «comenzar a citar e imputar el delito a estos referentes», aseguró Fonteina. El funcionario judicial aclaró que los integrantes de organizaciones sociales «deben solicitar autorización» para hacer las movilizaciones. Por eso, los fiscales verificarán esta cuestión con los referentes de las manifestaciones y llegado el caso imputar los delitos previstos en el Código Penal para este contexto de pandemia.

Toma de terrenos

Asimismo, los referentes del Ejecutivo y del Poder Judicial decidieron intervenir de manera contundente en las tomas de terreno, que en las últimas jornadas se han reproducido de manera constante. «Vamos a trabajar a destajo en el desalojo de las usurpaciones y tomas que ocurran en todo el territorio de la provincia», expuso.

Esta decisión comenzó a tener frutos desde el inicio de la semana, con más de cinco procedimientos, de un total de 31 tomas que están registradas por las fuerzas de seguridad y las autoridades del Poder Judicial. «Cada una de las denuncias que ingresan al Ministerio Público Fiscal van siendo analizadas y los desalojos programados para el menor plazo posible: las personas tienen que entender que al ser imputados con el delito de usurpación los imposibilita recibir viviendas de programas provinciales en el futuro», indicó el procurador adjunto.

Fonteina detalló que el trabajo que se hace ante un desalojo tiene un perspectiva integral por lo que forman parte de los equipos las asistentes sociales que además son el nexo con distintas carteras del Gobierno. «Hay personas que, por el grado de vulnerabilidad requieren contención y esto también se hace, no entramos a imputar delitos a mansalva; pero por otro lado también sabemos que hay tomas direccionadas por dirigentes políticos que se aprovechan de las necesidades», explicó.

El procurador adjunto aclaró que «la usurpación es un delito y quienes incurren en él deben responder». «En el camino de revertir esas tomas, el trabajo que hace la Justicia es más amplio, pero este tipo de accionar se replican día a día y muchas veces son parte de una estrategia política o dirigentes que van a buscar una respuesta ya de situaciones que el Gobierno intenta resolver pero requiere otros tiempos», cerró.

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