La denuncia presentada por Beatriz Bogado, vocal del Tribunal de Cuentas, acusando a la fiscal Carola Urlich Ferro, quien se desempeña en la misma institución, de abuso de autoridad, fue archivada por el fiscal Roberto Villalba, al no encontrarse configurado el delito penal denunciado. La denuncia se originó tras un dictamen elaborado por Urlich, el 23 de septiembre de 2024, en relación con el expediente Nº 32.408 del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco.

La denuncia de Bogado se basaba en la supuesta "malicia" y "encono" con los que, según ella, la fiscal habría procedido en su informe, lo cual supuestamente habría modificado el marco jurisprudencial de la causa. Sin embargo, el tribunal concluyó que el informe de la fiscal no constituye una resolución ni una orden contraria a la ley o la constitución, por lo que no se encuadra en el tipo penal previsto en el artículo 248 del Código Penal. Este artículo tipifica el abuso de autoridad como la acción de un funcionario público que dicta resoluciones o ejecuta órdenes contrarias a las leyes.

El tribunal destacó que el informe emitido por la fiscal Urlich en su función de dictamen, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley 831-A, no altera ni la situación jurídica de la denunciante, ni obliga a ningún acto o decisión por parte de los involucrados. Además, se indicó que la decisión final sobre la procedencia del dictamen recae exclusivamente en los miembros del Tribunal de Cuentas, quienes son los encargados de emitir una resolución vinculante. 

Por otro lado, el tribunal subrayó que los recursos legales existentes permiten a la denunciante impugnar cualquier fallo desfavorable que se dicte en su contra, pero no configuraron delito en la actuación de la fiscal Urlich, cuya función se limitó a emitir un parecer técnico sobre los hechos en cuestión.

Conforme al artículo 343 del Código Procesal Penal, que establece el archivo de las actuaciones en caso de no configurarse el delito, el fiscal dispuso el archivo definitivo de la denuncia, considerándola un asunto administrativo ajeno al ámbito penal.

PECHE SE REFIRIÓ AL ESCÁNDALO

El diputado Carim Peche se refirió a la noticia en la sesión ordinaria de este miércoles e insistió en el pedido de informe al Tribunal de Cuentas de la provincia, en el cual solicitó detalles sobre la auditoría realizada sobre el ejercicio 2022 del organismo Lotería Chaqueña y las circunstancias que rodean al fiscal a cargo de esa tarea.

Peche requirió que el Tribunal de Cuentas proporcione información sobre varios puntos clave, incluyendo si la auditoría sobre el ejercicio 2022 fue efectuada, quién estuvo a cargo de la misma, y si esa persona continúa al frente del control o si, por el contrario, fue retirada del cargo y por qué motivos. Además, el legislador solicitó saber si se iniciaron actuaciones administrativas contra el fiscal y si existe alguna sentencia judicial relacionada con situaciones de violencia institucional, simbólica, económica o de otro tipo que haya afectado al fiscal interviniente.

Entre las preguntas planteadas, también exigió saber si el Tribunal de Cuentas posee el expediente N° 33.969 y, en caso afirmativo, que se remita copia al autor de la solicitud. En caso contrario, pidió que se aclare la razón por la cual dicho expediente no está disponible.

Otro de los puntos destacados en el pedido fue la pregunta sobre si el fiscal encargado de la auditoría contaba con el personal necesario para llevar adelante sus funciones de manera adecuada, y si se registraron violaciones a los espacios físicos personales destinados al almacenamiento de documentación confidencial de los fiscales. Además, solicitó información sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en el Tribunal de Cuentas, indagando si todas las oficinas cuentan con este servicio.

El diputado Samuel Vargas, señaló que la Comisión de Derechos Humanos recibió a la fiscal Urlich por lo que no están ausentes en el caso y que también recibirán a Beatriz Bogado para que se realice su descargo.