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22 de febrero de 2025
Proponen un bono de $ 100 mil para estatales de Chaco destinado a la canasta escolar
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De aprobarse la ley, el monto, que representa el 35% del salario mínimo vital y móvil, será complementario a la Asignación por Iniciación del Ciclo Lectivo Anual.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Chaco busca crear el "Programa de Acceso a la Canasta Básica Escolar", el cual otorgaría una suma fija de aproximadamente $ 102.000 a empleados estatales con hijos en edad escolar.
La iniciativa, impulsada por el legislador Darío Bacileff Ivanoff (Frente Integrador) y acompañado por Rodrigo Ocampo (Frente Chaqueño), tiene como objetivo brindar un apoyo económico para la compra de insumos escolares esenciales.
Según lo estipulado en el artículo 1° del proyecto, el beneficio consistirá en el pago de una suma equivalente al 35% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al 1 de febrero de cada año, actualmente fijado en $ 292.446. El monto será complementario a la Asignación por Iniciación del Ciclo Lectivo Anual y podrá ser ajustado según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor.
El artículo 2° establece que el pago de esta suma fija se realizará en dos momentos clave del calendario escolar: al inicio del ciclo lectivo y durante el receso invernal. En tanto, el artículo 3° dispone la creación del "Fondo Canasta Básica Escolar", que estará bajo la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tendrá como propósito garantizar la entrega de este beneficio a los agentes estatales con hijos en establecimientos educativos de gestión pública, privada y social de la provincia.
Los fundamentos del proyecto subrayan la necesidad de esta medida en el contexto de crisis socioeconómica: "Se busca garantizar el acceso al derecho a la educación, principio básico en nuestra Constitución nacional y provincial".
Los impulsores del proyecto advierten que "como consecuencia de las políticas implementadas en el último año, la desigualdad social se ha incrementado de manera exponencial y ante tal situación el Estado debe intervenir para que no se traduzca como desigualdad educativa". En esa línea, el proyecto busca "garantizar la inclusión y calidad de los procesos de aprendizaje, asegurando el acceso a recursos pedagógicos mínimos y necesarios para las actividades escolares mediante el pago de una suma fija".
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