En este marco, autoridades judiciales llevaron adelante tareas de constatación y recolección de información en el lugar, un paso clave para el avance del proceso.
El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, destacó que la intervención judicial se desarrolla luego de superar distintos obstáculos administrativos que retrasaron las diligencias previstas originalmente.
Según explicó, este constituye el segundo intento de constatación por parte de la Justicia. El primero debió ser reprogramado luego de que el Concejo Municipal de Margarita Belén aprobara una modificación en la nomenclatura catastral del inmueble pocos días antes de la fecha fijada para la inspección, situación que obligó a adecuar la documentación del expediente y postergar momentáneamente las actuaciones.
Una vez subsanadas estas cuestiones administrativas y legales, la Justicia pudo retomar las diligencias correspondientes bajo los nuevos registros oficiales, avanzando así en la verificación de la situación del predio.
Berecoechea remarcó que tanto los terrenos como las edificaciones forman parte de un convenio exclusivo entre organismos públicos y pertenecen al ámbito de competencia del IPDUV. Asimismo, recordó que el programa Casa Activa fue concebido originalmente como un complejo destinado a adultos mayores, integrado por un Centro de Día y unidades residenciales especialmente adaptadas para ese sector de la población.
“El objetivo es garantizar que este proyecto pueda cumplir con la finalidad social para la que fue diseñado y financiado, brindando un espacio adecuado para la atención y el acompañamiento de los adultos mayores”, sostuvo el titular del organismo.
Desde el IPDUV señalaron además que la obra permanece paralizada desde mediados de 2023, con un avance cercano al 50 por ciento de ejecución. En ese sentido, informaron que continúan las gestiones para reactivar los trabajos y finalizar la infraestructura prevista, en coordinación con los organismos competentes y las empresas contratistas involucradas.
Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso de resguardar el patrimonio público y garantizar que las inversiones realizadas se traduzcan en beneficios concretos para la comunidad, respetando el destino original del programa y el marco legal vigente.