"Nos interesa escuchar propuestas que contengan la determinación de un presupuesto adecuado, que garantice infraestructura y salarios dignos", planteó Rosa Petrovich, secretaria general de Atech, ante Aída Ayala y su equipo de trabajo.
La referencia no resultó sorpresiva, en el marco del plan anunciado tiempo atrás por la candidata a gobernadora por el Frente Vamos Chaco. "Nosotros venimos trabajando desde hace dos años en las propuestas que queremos implementar desde el 10 de diciembre, con un fuerte impulso al diálogo, la jerarquización salarial, el retiro y el respeto irrestricto del estatuto para garantizar la carrera docente", había ratificado antes de ingresar Aída Ayala.
En ese contexto, se marcó la coincidencia de que no se puede mantener un sistema educativo que no contemple las necesidades diarias de las escuelas, ni escuche los reclamos de los docentes. "No vamos a negar que se han construido edificios, pero no se puede funcionar sin el fondo de mantenimiento escolar; lo que hoy hace que las cosas se solucionen gracias a los padres, los docentes y los alumnos", refrendó Petrovich.
En ese punto, la intendenta de Resistencia se mostró totalmente de acuerdo y ratificó su contracción al diálogo como mecanismo de construcción "para poder atender las necesidades que garanticen la calidad de la educación gratuita y universal en el Chaco". "Estamos dispuestos a analizar el presupuesto todas las veces que sea necesario, pero sobre todo creemos en administrar correctamente los recursos que ya existen para hacer más eficiente su distribución", sentenció.
La 506 ¿vigente?
Como uno de los planteos más fuertes de los docentes chaqueños, el rechazo hacia la Resolución 506 estuvo presente en el debate. "Si bien ahora dicen que está derogada, lo cierto es que el vergonzoso fallo del Superior Tribunal de Justicia deja abierta la puerta para que cualquier gobierno lo retome", advirtió Rosa Petrovich.
En ese punto, Aída Ayala, como una de las principales actoras para que el gobierno de Jorge Capitanich diera marcha atrás en ese instrumento inconstitucional que sostenía desde hacía años, se mostró firme en su decisión de "impulsar todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para evitar el avasallamiento de los derechos docentes".
