En el marco del Plan Nacional de Obras de Ampliación de la red de Transporte Eléctrico, la Secretaría de Energía anunció este martes una convocatoria a inversores locales e internacionales para ampliar la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de un plan que contempla 16 obras prioritarias en materia de seguridad energética y cuyo primer proyecto demandará una inversión de USD 800 millones.

El emprendimiento en cuestión se denomina AMBA I y es la respuesta del Gobierno a una brecha que se amplió durante la última década: la demanda residencial de electricidad creció un 20% en los últimos 10 años, mientras que la red de transporte de alta tensión se expandió un 8%. Esa diferencia se tradujo en cuellos de botella, saturación estructural y un riesgo creciente de interrupciones del suministro -sobre todo durante los meses de verano- en la zona que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional.

La saturación actual de la red en el AMBA genera restricciones a la demanda y eleva la probabilidad de colapsos por superación de los límites técnicos del sistema. La infraestructura que hoy transporta electricidad hacia los hogares y las empresas del área metropolitana opera al límite de su capacidad, y cualquier pico de consumo puede derivar en cortes.

La convocatoria a licitación pública nacional e internacional, a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, apunta a revertir ese cuadro mediante la construcción, operación y mantenimiento privado de la infraestructura necesaria, sin comprometer recursos fiscales del Estado.

El proyecto contempla 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV, la construcción de una nueva Estación Transformadora en Plomer (500/220/132 kV) y la incorporación de sistemas de compensación reactiva (STATCOM), entre otras obras complementarias de conexión con las distribuidoras del área. Una vez ejecutada, la ampliación permitirá sumar aproximadamente 2.000 MW de capacidad adicional al sistema.

AMBA I es la primera de las 16 iniciativas estratégicas que integran el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. El programa completo prevé inversiones totales por más de USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV a lo largo de todo el país, en lo que el Gobierno describió como un proceso de normalización del sector energético argentino tras años de desinversión acumulada.

Para el financiamiento, el proceso cuenta con dos herramientas que buscan reducir el riesgo para los inversores y darle previsibilidad al proyecto. La primera es el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente en proceso de estructuración.

La segunda es la posibilidad de que el adjudicatario solicite su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que ofrece reglas claras y estabilidad de largo plazo para atraer capital privado a proyectos de infraestructura. La convocatoria pone en marcha, además, un nuevo marco regulatorio que habilita al sector privado a invertir, construir y operar infraestructura crítica bajo condiciones predefinidas, sin necesidad de que el Estado aporte fondos propios.

Ese esquema representa un cambio de modelo respecto de la forma en que Argentina financió históricamente sus obras de infraestructura energética. En lugar de depender del presupuesto público o del endeudamiento soberano, el Gobierno apuesta a que sean inversores privados —locales o del exterior— quienes asuman el riesgo de la construcción a cambio de operar y mantener la red durante el plazo que establezca el contrato de concesión.

El cronograma licitatorio prevé que la presentación y apertura del Sobre N° 1 —que corresponde a la calificación técnica y financiera de los oferentes— se realice hacia la primera quincena de diciembre de 2026, a 120 días corridos desde la publicación oficial. La evaluación de esas propuestas, la apertura del Sobre N° 2 con las ofertas económicas y la adjudicación están previstas para comienzos de 2027, con la firma del contrato de concesión en los meses posteriores. El plazo máximo de construcción es de 52 meses, distribuidos en dos etapas.