Una mujer de 58 años fue víctima de una estafa telefónica en la localidad de Chilecito, provincia de La Rioja, luego de que intentara activar su tarjeta de crédito a través de un canal no oficial. Según denunció a las autoridades, el falso operador se quedó con más de 9 millones de pesos.

Todo ocurrió el jueves por la mañana, cuando la damnificada intentó comunicarse con una línea de atención al cliente, pero fue derivada por un supuesto operador a un número con prefijo de Córdoba para continuar la gestión vía WhatsApp.

A través de esta vía, los delincuentes, haciéndose pasar por representantes de la entidad, le indicaron que debía completar una serie de pasos para activar la tarjeta y evitar el bloqueo de sus cuentas. En medio de ese proceso, también la guiaron detalladamente para que realizara una transferencia bancaria de resguardo, bajo el argumento de proteger sus fondos.

Tras seguir las instrucciones, la víctima terminó por transferir desde su cuenta una suma millonaria a la cuenta de un tercero. De acuerdo con la información obtenida por Nueva Rioja, el monto total que fue denunciado era de 9.531.225 millones de pesos.

Una vez finalizada la operación, la mujer se contactó con el canal oficial de la entidad financiera para verificar la transacción. Allí le confirmaron que había sido víctima de un fraude y que los datos proporcionados en el procedimiento no correspondían a ningún procedimiento legítimo de la empresa.

El hecho fue caratulado como estafa y la Policía trabaja para identificar a los autores, rastreando el destino de los fondos transferidos. Según se informó, la víctima fue persuadida mediante modus operandi frecuente en delitos informáticos, que consiste en suplantar la identidad de entidades bancarias o financieras para obtener información confidencial y acceder a los fondos de los clientes.

Desde la entidad financiera recordaron que nunca solicitan transferencias para activar servicios ni envían mensajes por aplicaciones no oficiales. Además, recomendaron verificar siempre los canales de contacto y no compartir datos bancarios fuera de los medios oficiales para evitar ser blanco de estafas similares.

A fines de 2025, una mujer ingresó a la Alcaidía Policial de Chilecito y se presentó ante varios detenidos. Entre ellos, contactó a un hombre acusado de abuso sexual y le ofreció hacerse cargo de su defensa legal. La mujer afirmó trabajar para el abogado penalista Emanuel Lascoiti y dejó un papel con un número telefónico para que los familiares pudieran comunicarse para acordar los honorarios.

Poco después, el hermano del detenido, Jesús M. O., llamó al número proporcionado. Durante la conversación, la mujer reiteró que era la secretaria de Lascoiti y fijó los honorarios en dos millones de pesos. Convencido de que contrataba un estudio jurídico legítimo, el hermano comenzó a realizar transferencias. En menos de un mes, envió un millón de pesos a una cuenta de la billetera virtual Personal Pay a nombre de la acusada.

El fraude fue descubierto cuando el verdadero Emanuel Lascoiti logró comunicarse con Jesús M. O., tras recibir advertencias de familiares de otro cliente sobre el uso indebido de su nombre. En esa llamada, el letrado le informó que nunca había autorizado a nadie para ofrecer servicios en su representación y que no tenía secretaria.

La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, identificó a Natalia A. S. como la principal sospechosa. Según el expediente judicial, la imputada ingresó a la alcaidía a fines de diciembre de 2025 y entregó sus datos de contacto para captar clientes simulando ser parte del estudio jurídico. Asimismo, se constató que el hermano del interno había realizado tres transferencias: $200.000 el 29 de diciembre, $400.000 el 14 de enero y $400.000 el 21 de enero.

El fiscal Ariel M. Ormeño Reinoso promovió la acción penal el 16 de abril por el delito de defraudación por estafa, que prevé de uno a seis años de prisión. Además, solicitó la detención de Natalia A. S. al considerar que no tenía arraigo en Chilecito, ya que su domicilio figura en la capital riojana.

Por su parte, el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de Chilecito, Jorge Elías Jalil, ordenó el 10 de junio la detención de Natalia A. S. y libró una orden de captura a nivel nacional. La resolución dispuso notificar a la Policía de La Rioja y a Gendarmería Nacional para su localización y traslado a Chilecito.

A la fecha, la acusada permanece prófuga, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Mientras tanto, la investigación continúa centrada en dar con su paradero y esclarecer si existen más víctimas bajo el mismo modus operandi.