>La Policía de Entre Ríos realizó el jueves por la mañana un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de La Paz. El operativo, que comenzó a las 9:15, se hizo en el marco de una causa que investiga posibles desvíos de recursos destinados a atender merenderos y comedores locales.

Al momento del allanamiento, el presidente municipal estaba de vacaciones. El Gobierno local había quedado en manos de su vice, Stella Wensel.

Los ediles opositores indicaron en la presentación judicial que habría establecimientos que reciben partidas a pesar de que ya no funcionan o tienen domicilios inexistentes. En las respuestas a los pedidos de informes que realizaron, Garnier indicó que eran 18 los comedores y merenderos asistidos por el Municipio.

Los legisladores opositores señalaron que en el documento que remitió el funcionario faltaban datos. “La compra se hace con el procedimiento administrativo que corresponde. Se realiza el cotejo de precios, se adquieren y llegan a Desarrollo Social. Nuestros pedidos de informes se centraban en saber dónde se entregaron, a quién, en qué lugar y cómo se seleccionan los beneficiarios”, explicó a Infobae la edil Ileana Fonseca.

Esto llevó a los ediles a hacer una recorrida junto a un escribano público que levantó actas de todo. En esa constatación encontraron que, de los 14 merenderos, en diez habría irregularidades. Eran lugares en los que “nunca existió un merendero, antes hubo uno o le dan de comer cada tanto a algunas personas”, manifestó la concejal.

La sospecha es que estos alimentos se utilizaron en la campaña. ”La mercadería se compró y se entregó a la Municipalidad. Pero el Municipio no puede comprobar que se asingó a los lugares que ellos aducen”, consignó Fonseca.

El período en el que está puesto el foco es el primer trimestre de 2024. En ese lapso se gastaron $90 millones. Sin embargo, la proyección de todo ese año y tramo enero/septiembre de 2025 elevaría la cifra a más de $300 millones.

A través de un comunicado, la gestión municipal reafirmó “su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el trabajo responsable y honesto al servicio de la comunidad”.

Durante el procedimiento concretado el jueves, se secuestró abundante documentación. Debieron ocuparse varias cajas para trasladarla. Ahora comenzará el análisis. El fiscal que interviene es Facundo Barboza. En el estudio de los expedientes que recogió la Justicia participarán profesionales técnicos del Ministerio Público Fiscal. Del relevamiento surgirá si la documentación es o no de interés.

Fuentes con acceso al expediente adelantaron a este medio que, a partir de ahora, habrá más medidas. Con base en la información que aparezca en los archivos sacados del Municipio podrían surgir llamados a declarar y a designar abogados defensores a las personas vinculadas con la operatoria.

Fuente: telam